El Gobierno aplicó un recorte de más de $2,4 billones que impactó en obra pública, salud, educación y subsidios

El Gobierno nacional avanzó con un recorte de gasto público superior a los $2,4 billones en el marco de la estrategia oficial orientada a sostener el equilibrio fiscal y reducir el déficit de las cuentas públicas.

De acuerdo con un análisis de la ejecución presupuestaria al 7 de mayo elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la reducción neta del gasto alcanzó los $2.439.416 millones, equivalente a una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública Nacional.

El informe señala que el ajuste no sólo alcanzó subsidios y obra pública, sino también programas vinculados a salud, educación, infraestructura vial, ciencia y asistencia financiera a provincias.

El mayor volumen del recorte se concentró en el área de Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde la reducción totalizó $1.470.533 millones, lo que representó una caída del 11,7% en ese segmento presupuestario.

Dentro de ese esquema, el Gobierno disminuyó transferencias a empresas públicas: se recortaron $200.000 millones destinados a compañías energéticas, $48.000 millones a empresas del área educativa y $22.374 millones vinculados a obras públicas.

Además, el rubro “otras asistencias financieras” sufrió una reducción de $1.198.420 millones.

Uno de los organismos más afectados fue la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Economía, que perdió $97.104 millones de presupuesto.

Según el informe, el programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales sufrió una reducción del 98,9%, mientras que la partida destinada al mantenimiento y reparación de puentes y otras estructuras viales fue eliminada por completo.

También se registraron recortes en mantenimiento de rutas nacionales por $19.840 millones, construcciones viales por $32.336 millones y rehabilitación de calzadas por $13.016 millones.

En el área sanitaria, el Ministerio de Salud registró una baja de $70.467 millones. Entre los programas afectados se encuentra el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, con una reducción de $25.000 millones, equivalente al 44,7% de esa partida.

A su vez, se recortaron $20.000 millones destinados a medicamentos e insumos y otros $5.000 millones correspondientes al programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación redujo su presupuesto en $78.711 millones. Las partidas para infraestructura y equipamiento escolar cayeron $21.687 millones, mientras que el Fondo de Compensación Salarial Docente perdió $8.930 millones.

El Plan Nacional de Alfabetización también registró una reducción de $35.288 millones.

La relación financiera con las provincias fue otro de los sectores alcanzados por el ajuste. El Ministerio del Interior recortó en $320.711 millones el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, una caída del 55,5%.

Además, se redujeron fondos destinados a infraestructura deportiva y deporte comunitario por más de $4.281 millones.

En el área de Defensa, el ministerio sufrió una baja cercana a los $48.904 millones. Las mayores reducciones impactaron sobre el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército Argentino y la Armada Argentina.

También hubo recortes en organismos de seguridad interior. La Dirección Nacional de Migraciones perdió $6.765 millones y el Servicio Penitenciario Federal sufrió una reducción de $2.814 millones.

El sector científico tampoco quedó al margen de la reestructuración presupuestaria. El CONICET registró un recorte de $3.281 millones y la CONAE perdió $4.410 millones.

El informe destacó especialmente la caída del 74,3% en los fondos destinados a investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio. Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología sufrió una baja de $11.809 millones.

Por otra parte, el Poder Judicial registró una reducción de $41.452 millones en la Justicia Federal y de $26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

El Poder Legislativo también mostró una disminución presupuestaria de $14.423 millones, con recortes que alcanzaron al Senado, la Cámara de Diputados y programas de asistencia social para el personal legislativo.